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EL PLAN MANO DURA

 

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En El Salvador las maras han dejado de ser las clásicas pandillas juveniles, para convertirse en otra cosa, cuantitativa y cualitativamente diferente, son verdaderas organizaciones con gran poder en algunas áreas del Estado salvadoreño, manteniendo una estructura organizativa compleja y eficiente para el desarrollo de sus actividades. Las Maras tienen mandos claramente establecidos con unidad de propósito y claridad de objetivos. Los medios de comunicación han publicitado mucho el impuesto que las Maras cobran a los empresarios de buses, pero en la realidad, todos los negocios, pequeños, medianos y algunos grandes, que están ubicados en sus “zonas de control” les pagan impuestos con regularidad.

    Además tienen su propia "cultura”, el cual es la expresión mediante señas, palabras propias y grafitis. Generan valores (que podríamos tipificar de anti-valores) y los inculcan dentro de sus miembros. Con esto crean códigos propios de conducta, tienen armas e infraestructura. Nadie sabe con precisión cuantas armas y de qué tipo están en posesión de ellos, pero son suficientes para mantener el control del territorio y desarrollar múltiples acciones delictivas.

Es por el cual en el año del 2003 se implemento el plan mano dura similar al plan de Honduras el cual se anuncio el 23 de julio de 2003 por el ex Presidente Francisco Flores, en la Colonia Dina, de San Salvador, prometiendo acabar con el problema de las pandillas que operan en esa zona y las de todo el país.

     Tres meses después, el 9 de octubre de 2003, la Asamblea Legislativa aprobó dicha ley, La cual consistía en un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y en trámite de aprobación, en reformas al código penal y al código procesal penal endureciendo las penas contra ciertos delitos y facilitando el juzgamiento y encarcelamiento de los jóvenes que sean detenidos (pretende juzgar a menores de doce años como si fueran adultos) y en operativos para capturar pandilleros por todo el país. Antes de la aprobación de la iniciativa de ley, comenzaron a desarrollarse ya estos operativos de búsqueda y captura de pandilleros, en acciones conjuntas de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada.

      La normativa entraría en vigencia el 10 de octubre del 2003 hasta el 10 de abril de 2004 (seis meses). Luego de su vigencia la policía  apoyada por la Fuerza Armada, comenzó a capturar a decenas de pandilleros, pero no bastaba solo con la captura ya que sin pruebas o sin motivos de dicha captura los jueces absolvían a los pandilleros. Asi que de las miles capturas de pandilleros, el  91 por ciento de ellos fueron liberados casi inmediatamente por las causas antes mencionadas y el  84 por ciento fueron absueltos de cargos de manera definitiva por no existir motivos para su detención y falta de pruebas esto según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) en el Informe Anual 2004. En su momento dichas liberaciones causaron descontento en funcionarios del Gobierno, ya que consideraban que los capturados aún siendo una amenaza para la sociedad, habían sido favorecidos en los tribunales de Justicia.

  Pero lo Jueces encargados de los Tribunales de Justicia eran claros al establecer que mientras no existan las pruebas suficientes no se puede procesar a nadie, porque de lo contrario se violarían los principios básicos de la Constitución de la República. Por lo que los jueces, abogados y representantes de diferentes organismos consideran que la Policía y la Fiscalía General de la República han cometido un gran error al no perseguir “adecuadamente” el delito. Y Justo nueve días antes de que caducará la ley, la corte Suprema de Justicia (CSJ) la declaró inconstitucional. Ese mismo día, el Gobierno envió otra propuesta de ley contra las pandillas al Congreso, que de inmediato la aprobó. 

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EFICACIA O MEDIATES

este video es el video que se publico para hacer promocion al Plan Mano Dura en El Salvador 

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   La mayor urgencia que tiene El Salvador en cuanto al combate a la criminalidad son las maras. Y  el Plan Mano Dura no ofrecía  una solución integral a la problemática de las pandillas juveniles, por que renunciaba  a la integración social de estos jóvenes, a la vez revivió un esquema autoritario ya probado en el pasado y que dejó recuerdos tan amargos al país.

 

 

 

   Sin dejar de reconocer el flagelo que las pandillas representan en los barrios y colonias más pobres del país, no hay duda de que el plan tendió a ser  un enfoque policíaco y represivo para enfrentar un problema de carácter eminentemente social. Pero difícilmente se podía solucionar este problema sin un plan que involucre a muchas más instituciones que las que se establecían en el plan Mano Dura. La idea de una ley especial de aplicación temporal para un tema tan serio crea sospechas sobre las verdaderas intenciones del Presidente que  anuncio dicho Plan.

 

   Más solo despertó falsas expectativas en la población que vive aquejada por la criminalidad del país y que por lo tanto desearía que con el encarcelamiento de miles de pandilleros/as, la violencia y la inseguridad desaparecieran. Aunque literalmente se eliminaran a todos los miembros de las pandillas actuales, la delincuencia y la inseguridad no terminarían, porque las maras no cometen toda la criminalidad que azota al país, y en poco tiempo rebrotarían nuevas pandillas juveniles quizás más violentas que las de hoy, si los factores sociales, políticos, económicos y culturales que las originan no son atendidos de manera seria, científica y sistemática y no sólo a través de limpieza social - incluyendo el exterminio físico como de hecho lo hizo en el pasado reciente la "sombra negra" - o el endurecimiento de las leyes penales. Por lo que:

   El Plan Mano Dura respondió a intereses electoralistas y claramente populistas, ya que en ningún momento se tienen en cuenta los problemas estructurales que dan origen al fenómeno de la violencia en las pandillas

-       En Su Aplicación     

       Durante la primer etapa o fase del Plan se encontraba en la mitad de su aplicación, se habían detenido un aproximado de 900 mareros, cantidad soñada por el Presidente Francisco Flores que era mil detenciones, esto debió transmitir a la población una imagen de la eficacia inmediata de la “mano dura”. Pero la complejidad del problema es mayor que lo que se quería hacer creer.

 

    Mientras que los capturados pasaban de las bartolinas a las manos de la justicia, los jueces no  tenían más opción que absolverlos y liberarlos por no existir pruebas convincentes para condenarlos. La mayoría de los arrestados eran detenidos ilegalmente, sólo por el simple hecho de “parecer sospechosos” a los ojos de las fuerzas de seguridad. Y la cifra llego a ser alarmante ya que de cada diez mareros detenidos, siete eran absueltos de los cargos, lo que es una muestra de la ineficiente labor policial, en la que abunda más el voluntarismo político de sus altos dirigentes que el deseo de realizar una verdadera labor profesional, exigente y respetuosa con la Constitución y las leyes..

 

 

-       En Su Contenido.

      A pocos días  después del plan Mano Dura cumplir 100 días, el gobierno de El Salvador decidió reformar la Ley Antimaras tipificando como delito el simple hecho de pertenecer a una pandilla y designando tribunales especiales contra las maras.Era absurdo el pretender considerar en la Denominada Ley Antimaras; a la asociación ilícita -mara o pandilla- aquella agrupación de personas que actúen para alterar el orden público o atentar contra el decoro y las buenas costumbres o que se marquen el cuerpo con cicatrices o tatuajes. Y querer lo considerar un delito.

 

  No debemos olvidar que una de las características del Derecho Penal es que es un Derecho de Acto; es decir que nadie puede o debe  ser juzgado por sus cualidades personales si no por Acto  contrarios a las normativa. Y por tanto la normativa no tiene que ir en contra de la Personalidad del delincuente si no que debe ir en contra de actos realizados por conductas dañinas que afectan Bienes jurídicos document.write (' (versión online)'); tutelados, porque son las acciones lo que determina a un individuo que se categorice como criminal  y no su personalidad. Dicha regulación en  la práctica afectaba no sólo a los miembros de pandillas, sino a toda persona que según un policía o un soldado tenga aspecto de pandillero/a, por la forma de vestir, caminar, tener  Tatuaje o cicatrices -incluso las que dejan alguna cirugía- o cualquier persona que era sorprendida sin sus documentos de identidad.

 

 En pocas palabras era una criminalización por apariencia ya que se pretendía llevar a la cárcel a ciertas personas con argumentos basados tan sólo en su apariencia física -vestimenta, tatuajes- o en sus opciones culturales -estilos de vida, lenguaje-. Además Muchos de los jóvenes integrantes de maras sobreviven, sin violentar la legalidad prevaleciente, pero al borde de la misma. Otros muchos, sin tatuarse ni estar integrados en pandillas, hacen lo que pueden -dentro y fuera de la legalidad- para conseguir el sustento diario. Para otros, la mara es una opción de vida, con todos sus riesgos. Es por ello que dicho Plan riñe con los principios más elementales de los Derechos Humanos.

 

  El artículo  12 de la Constitución salvadoreña se sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU:

   “TODA PERSONA TIENE TODOS LOS DERECHOS Y LIBERTADES PROCLAMADOS EN ESTA DECLARACIÓN, SIN DISTINCIÓN ALGUNA DE RAZA, COLOR, SEXO, IDIOMA, RELIGIÓN, OPINIÓN POLÍTICA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, ORIGEN NACIONAL O SOCIAL, POSICIÓN ECONÓMICA, NACIMIENTO O CUALQUIER OTRA CONDICIÓN”.

 

Así  al igual establece el Art. 3 de nuestra Constitución.

   “TODAS LAS PERSONAS SON IGUALES ANTE LA LEY. PARA EL GOCE DELOS DERECHOS CIVILES NO PODRÁN ESTABLECERSE RESTRICCIONES QUE SE BASEN EN DIFERENCIAS DE NACIONALIDAD, RAZA, SEXO o RELIGIÓN”.

 

 Además se advirtió con anterioridad  por varios  jueces del país sobre el carácter ilegal de la iniciativa presidencial y del ilícito que cometen los policías al apresar sin fundamento alguno a ciudadanos salvadoreños a quienes se pretende criminalizar sólo por su forma de vestir, de hablar, de comportarse o de marcarse el cuerpo, siendo así que el cuerpo es la propiedad por excelencia de cada ser humano.

 

  Así que gracias a las denuncias hechas sobre la inconstitucionalidad del Plan Mano Dura se declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia; que además determinó que la pertenencia a pandillas no era ilegal, con base en el principio de que "todos somos iguales ante la ley", pues son grupos como cualquier otro.

   El plan, desde sus inicios, fue públicamente criticado por organizaciones sociales, quienes lo acusaban de violar los derechos humanos.

Que era ineficaz y que violaba  los derechos fundamentales de las personas era  la postura mayoritaria de organismos oficiales, políticos, ciudadanos de a pie y una larga lista de ONG cuando se les pregunta sobre el Plan.


 Así que en conclusión podemos asegurar que:


“¡¡UNA POLÍTICA QUE SÓLO SE CENTRO EN LA REPRESIÓN FUNDADA EN UNA LEY MAL HECHA SE MUESTRA MÁS COMO UNA MEDIDA POPULISTA QUE COMO UNA VERDADERA SOLUCIÓN QUE BUSCO UNA ALTERNATIVA A LA FINALIZACIÓN DE LA CRIMINALIDAD EN EL SALVADOR!!”